Confirmado: combatiendo al capital

No es la pandemia sino una cuarentena indefinida e inútil la responsable de haber diezmado la economía argentina. La diferencia es mayúscula en términos de responsabilidad jurídica: la fuerza mayor (imputable a nadie) devino en hecho del príncipe concreto (imputable al gobierno).

Ese giro copernicano, que resulta de un comportamiento gubernamental torpe y sostenido en el tiempo, empieza a dar lugar a serias inconsistencias en la economía y en la sociedad.

En una carrera perversa por evitar responsabilidades, florecen graves tergiversaciones institucionales que van ahondando la decadencia en todos los frentes: el absurdo ida y vuelta de Vicentín, una renegociación de deuda con más sombras que luces, una ley de teletrabajo de otro tiempo, y los ejemplos siguen y son muchos.

Hay un vector bien claro: el Estado puesto a repartir el capital del sector privado, que debe soportar las consecuencias.

Llegó el turno de la plataforma que permitió que, aún en el claustro, la sociedad siguiera mínimamente conectada y funcionando: lo que se conoce como tecnología de la información y la comunicación (TIC) y la Telefonía Móvil.

Se trata de un mercado signado por las innovaciones tecnológicas, la competencia y la necesidad perentoria de inversión. Basta considerar que, en un corto ciclo de cinco años, se saltó del 3G al 5G; del cable a la fibra óptica y es ahora el curso de la conexión satelital (Tesla).

En la superficie, lo que se ha dado en llamar el derecho a la conexión, se vincula con algo más bien superficial, como la sociabilidad y el entretenimiento. Bien visto, involucra derechos fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de prensa.

La lógica regulatoria en el mundo tiene tres pilares de una compleja sencillez: competencia, inversión e innovación. Se trata de garantir la existencia de varios prestadores y la posibilidad de que se sumen nuevos jugadores, generando incentivos positivos para invertir, prestar mejores servicios y lograr precios competitivos. El usuario es el juez y decide, conforme a sus intereses, quién es el ganador.

Hasta anoche, los servicios de las TIC y Telefonía Móvil eran actividades propias de un mercado regulado en el que las normas no hacían más que cumplir con la manda constitucional de “proveer la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y controlar los monopolios”.

Los principios (competencia, inversión, mercado) y la Constitución (competencia, libertad de prensa y expresión), quedaron incómodos.

El DNU 690/2020, dictado entre gallos y medianoche y fundado en una urgencia inexistente, dio un sorpresivo salto ornamental: con el argumento de que en 2015 estos servicios habían dejado de ser un derecho humano (sic) “dejándolos librados a la ley de la oferta y demanda como una simple mercancía”, se los retiró del mercado para publificarlos.

Las TICs y la Telefonía Móvil son ahora servicios públicos en competencia (un oxímoron: son ideas incompatibles) con precios congelados hasta fin de año, tarifas (no precios) fijadas por el ENACOM, y sujetos a fuertes condicionamientos en virtud de una prestación básica universal obligatoria.

La expresión máxima del step-in del Estado en la economía es convertir a una actividad en servicio público: implica directamente sacarla del mercado y hacer que solo pueda existir y desarrollarse en función de las regulaciones que se dicten. Un monopolio legal, donde el regulador es el único que manda, y el privado el único que arriesga.

El punto de quiebre es superlativo. Poniendo el acento en el aspecto más superficial, en desmedro de otros derechos constitucionales, se aniquila el futuro por un presente instantáneo, y se garantiza la lenta agonía de un mercado fundamental.

Lo que viene son puras coerciones: (i) fijación de tarifas disociadas de los costos crecientes de insumos importados; (ii) obligaciones de inversión para ampliar redes en determinadas zonas; (iii) estándares mínimos de calidad de los servicios que no se correlacionan con los ingresos esperados; (iv) topes de rentabilidad; y un largo etcétera.

Los resultados también son cantados: problemas de conectividad, disminución de calidad del servicio, nuevas tecnologías que nunca llegan, un profundo deterioro de un sector estratégico que requiere de inversiones y desarrollo constante.

Para los memoriosos, renace ENTEL. Es cuestión de consumirnos el capital en el presente. Sin inversión, en el futuro Dios proveerá; como con la energía, los trenes y las rutas. Historia vieja y repetida, pero en otro formato.

Los reclamos no se harán esperar y Argentina seguirá sumando juicios (a los miles que ya tenemos) que hoy se presentan como conquistas y mañana son sentencias que pagamos todos: en el plano local, las compañías prestadoras acudirán a la justicia reclamando la inconstitucionalidad del DNU y las regulaciones por venir del ENACOM; en el internacional, los accionistas extranjeros reclamarán ante el CIADI compensaciones por cada medida que afecte sus inversiones.

El costo de estas decisiones miopes es enorme: el camino ineluctable a la pobreza.