De moratorias. Sin plan no hay futuro

Política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado con una Nación. Se trata de tener un plan, que mire desde el presente al futuro, sin perder de vista los reflejos del pasado. Si sólo se mira para atrás, existe el riesgo de convertise en estatua de sal, como la mujer de Loth. Mientras que si el futuro es el único norte, caemos en la utopía, el lugar que no existe.

Un plan apareja certeza y verosimilitud. Es una hoja de ruta que, por lo demás, evita la arbitrariedad, porque establece parámetros que permiten a todos, gobernantes y gobernados, saber a qué atenerse y qué esperar.

Argentina no tiene un plan. Sus únicos esbozos son monomanías y arcaísmos. Mientras el mundo discute cómo salir del atroz letargo de la cuarentena, acá perdemos el tiempo con reformas judiciales anacrónicas, como si fuera el pivote para evitar el desempleo, la inseguridad, la quiebra de miles de empresas, y una inflación rampante a pesar de la recesión.

El gran debate mundial pasa hoy entre la acción fiscal directa como principal palanca para estimular la producción y el consumo, la reducción de la tasa de interés (a niveles negativos) como incentivo a las inversiones, o reformas estructurales, incluyendo políticas tributarias y laborales, para hacer más eficiente el gasto público. En definitiva, el rol de los gobiernos y los bancos centrales.

Ajenos a esa acuciante actualidad, en nuestro país seguimos obsesionados con la faz sanitaria y nos limitamos a parches legislativos, que llegan tarde y mal pergeñados.

En esta línea anacróncia, esta semana el Congreso trataría dos proyectos de ley tan necesarios como insuficientes. Ambos con dos pecados capitales: no tienen una mirada sistémica y sus fines tan urgentes como loables, se ven empañados por su manipulación para conceder beneficios a quiénes no le corresponden.

El primero busca reinstaurar una moratoria impositiva que permite a los contribuyentes regularizar sus deudas tributarias, sin intereses ni penalidades, e intenta aumentar la escasa recaudación fiscal. Un proyecto no exento de polémicos detalles que esconden beneficios para unos pocos pícaros. Esperemos que esta medida tan necesaria no termine siendo un caballo de Troya que esconda propósitos espúreos.

El segundo declara una suerte de “moratoria concursal” y propone aplazar las ejecuciones judiciales y extrajudiciales y suspender el trámite de los concursos y pedidos de quiebra de empresas ahogadas financieramente por el aislamiento. El objetivo es darles oxígeno para que puedan reestructurar sus deudas sin caer en una situación falencial que las obligue a liquidarse. Se beneficiaría especialmente a las PYMES ya concursadas, que no puedan cumplir con sus compromisos postconcursales, en razón de las medidas implementadas para combatir la pandemia.

Faltan dos aspectos en este proyecto, uno técnico y el otro moral. En primer lugar, incentivar el uso de los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales, de modo que deudores y acreedores negocien de buena fe la reestructuración de créditos sobre la base del esfuerzo compartido. La prevención en materia concursal, que tiene como base los acuerdos previos a un proceso judicial, es tan o más importante que el concurso o la quiebra, especialmente para las empresas más grandes. No todas son pymes y la recuperación de la economía precisa de todos.

En segundo lugar, y como con la moratoria impositiva, que no sea la excusa para conceder ayuda impropia a los sospechosos de siempre.

La Argentina necesita un plan, no parches. Respuestas que se anticipen, que refuercen las instituciones y que integren a todos. Una agenda actualizada, que al menos por un tiempo haga caso omiso de obsesiones pasadas que nada tienen que ver con las urgencias del presente.

Sin plan, no hay futuro.