De renuncia en renuncia y que siga la improvisación

En política se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Algo tan elemental es lo que le cuesta entender a un gobierno signado por la improvisación.

El proyecto de ley intitulado “Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid 19” (al que Diputados dio media sanción) es la muestra más cabal de la verdad del adagio: aúna cuestiones en principio tan dispares como salud, política exterior y un profundo desconocimiento de nuestra historia, evidenciando la falta de rumbo.

A pesar de los anuncios de que algún laboratorio local “desarrollaría” una vacuna en consuno con una reconocida universidad del Reino Unido (sí, del Reino Unido), el proyecto básicamente reconoce la impotencia gubernamental, al reglar las condiciones para directamente comprar la vacuna a un laboratorio extranjero. Nada de desarrollar localmente. Se acabaron los sueños; una vez más, marchas y contra marchas: de la independencia a la sumisión en pocos días.

El proyecto autoriza la renuncia a la inmunidad de jurisdicción en favor de los laboratorios extranjeros. Es algo estándar en las emisiones de deuda en mercados internacionales, pero muy novedoso en este caso. Se entiende: a diferencia de otros países (Brasil, por ejemplo) que se aseguraron buenas condiciones para el acceso a las vacunas con los reflejos propios de una buena diplomacia en acción, nosotros llegamos tarde y por lo tanto sin capacidad de negociación. Y desnuda algo más profundo: quién requiere esas seguridades (no litigar ante la justicia argentina, sólo en estrados internacionales) es alguien que no confía en nuestra capacidad de pago ni para algo tan esencial como una vacuna en una pandemia.

Pero lo más jugoso del proyecto está en su artículo cuarto. Allí se consagra un auténtico adefesio: una inmunidad contra reclamos patrimoniales a favor de todo el que “participe de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas”. Es decir que el Estado Argentino (por cuenta y orden de la sociedad toda) renuncia a realizar ningún reclamo contra todos: no sólo los que fabriquen sino hasta los que provean (se asume que los laboratorios locales, importadores de siempre) y suministren la vacuna. Todo en un marco de amplia delegación al Poder Ejecutivo, para que haga y deshaga a su antojo.

Con algunas honrosas excepciones, los diputados votaron casi unánimemente a favor: un Congreso en cuarentena, que permite estas travesuras en libertad. Y que desconoce la historia: hace 64 años, el Presidente Arturo Illia (y su ministro de salud Oñativia) impulsaban el carácter de “bien social” de los medicamentos. La oposición de laboratorios internacionales, entre otros, dieron cuenta de un gobierno constitucional. El primer decreto que firmó Onganía (perpetrador visible del golpe) fue la derogación de la ley de medicamentos.

Este proyecto emula aquel decreto. Alguien dijo que en política internacional un país no tiene amigos, sino intereses; más en un mundo globalizado, en el que la política exterior determina la política interna. Argentina tiene una política internacional errática: detrás un doble discurso de soberanía mal entendida, entregamos 15.000 millones de dólares en la última reestructuración de la deuda soberana, junto con varias cláusulas contractuales. Dijimos y nos desdijimos en varios frentes, como los derechos humanos. Ahora es el turno de la salud: para los laboratorios todo, para los argentinos, buena suerte.

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