El impuesto que enriquece a YPF

El proyecto de ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” entre varios desatinos, tiene una previsión críptica para favorecer con dineros públicos a YPF (una sociedad anónima de la que participan capitales privados), en desmedro de otros productores de hidrocarburos y de la sana competencia del mercado. También, en perjuicio de los consumidores y las arcas estatales.

En un inciso de redacción gorgorina, dispone que el 25% del novel impuesto será destinado a programas de explotación, desarrollo y producción de gas natural, actividad que será desarrollada a través de IEASA, proponiendo y acordando con YPF S.A. en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos.

Más allá de la tarea hercúlea que significa justificar la creación de un impuesto “urgente” y “por única vez” para destinar fondos a proyectos de larga duración que no encuentran conexión con la tremebunda emergencia que se atraviesa, la norma amerita varios cuestionamientos constitucionales.

Atenta contra el deber de las autoridades de proveer a la defensa de la competencia “contra toda forma de distorsión de los mercados” (artículo 42 de la CN). De convertirse en ley, los dineros públicos serían destinados precisamente a violar la Constitución Nacional: su resultado sería distorsionar el mercado hidrocarburífero.

Viola el principio de transparencia, al vedar la posibilidad de que una sociedad estatal salga al mercado en busca de la oferta más conveniente para obligarla a negociar con un único agente del sector. IEASA podrá contratar exclusivamente con YPF para ejecutar los fondos que se le destinan.

Crea un privilegio a favor de YPF, que es un actor más del mercado hidrocarburífero y una sociedad privada con objeto comercial y finalidad de lucro: podrá fijar las condiciones de contratación sin competencia y con una clara posición dominante.

El destino de los fondos extraordinarios generará utilidades también extraordinarias. IEASA debe reinvertirlas en nuevos proyectos de gas natural de YPF por diez años. Ese es el tiempo en el que el Estado financiará su producción con impuestos, sustituyendo el rol de la inversión privada y el mercado de capitales. Curiosamente, los accionistas privados se beneficiarán con las ganancias que le generen los fondos públicos: una inédita transferencia de fondos públicos a una compañía petrolera integrada, la empresa más grande de Argentina.

Al precio exorbitante abonado a REPSOL por la expropiación y las abultadas contingencias de la demanda de Burford Capital en New York, se suma la inusual transferencia. Por cierto, será difícil sostener en adelante que el Estado Nacional e YPF no son lo mismo (desde luego que los demandantes en los juicios en NY que plantearon la tesis de YPF como alter ego del Estado, agradecidos con la confirmación; una vez más, la impericia). La gestión estatal de YPF, cada vez más onerosa.

El impuesto que propone el gobierno tiene causa discriminatoria, aumenta la carga fiscal a una economía exhausta y atenta contra la potencia de una industria vital para el desarrollo. La vaca, muerta.