¿El Macarthismo al sistema financiero?

Hoy se promulgó en el Boletín Oficial una ley que crea una comisión en el ámbito del Congreso de la Nación para investigar “instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país”.

La comisión tiene dos objetivos principales y amplias facultades (de dudosa constitucionalidad, por cierto) que abren serios interrogantes e infunden desconcierto y preocupación.

Respecto de los objetivos, la comisión deberá investigar “las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero” con la finalidad de evadir impuestos y promover la salida de capitales. A tal fin, deberá “identificar” los agentes económicos y las entidades bancarias y financiaras involucradas en el “modo sistemático de violentar las normas impositivas y cambiarias”.

El lenguaje vago da por hecho una premisa (existe en el mercado un “modo sistemático para violar leyes”) y plantea varias preguntas: ¿el “esquema” incluye operaciones de contado con liquidación, cuya validez nunca fue prohibida y hasta en algún momento públicamente respaldada por algún ministro? ¿“agentes económicos” incluye empresas y particulares? ¿cualquiera que tenga cuentas en el extranjero estará alcanzado por la investigación?

Para lograr su cometido, la ley confiere a la comisión laxos poderes, entre los que se destacan la facultad de llamar a audiencias públicas y la de requerir información haciendo caso omiso de los secretos bancario, financiero, profesional y hasta “compromisos legales o contractuales”.

Un claro exceso que plantea dudas respecto de su validez constitucional, especialmente por el derecho de defensa en juicio y la garantía del juez natural. Algunos de esos poderes son propios de los organismos de control especializados, a los que paradójicamente se les otorgaron amplias facultades en recientes enmiendas legislativas (como es el caso del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP), sugiriendo así su incompetencia. Otros, propios de la justicia, lo que significaría arrogarse prerrogativas de otro poder, que está prohibido por la Constitución.

Con estos objetivos vagos y dudosas facultades, la comisión deberá publicar un informe completo dentro de los 90 días de su constitución. Los resultados deberán ser informados al Poder Ejecutivo (esto es, a los organismos de control que debieran haber hecho esta tarea) y podrán dar lugar a denuncias ante la justicia (cumpliendo la función de los fiscales del caso). Un sinsentido y un dispendio, más allá de la invasión de competencia.

El objetivo es claro: por una vía oblicua se busca que una comisión del Congreso soslaye límites que imponen leyes (secreto bancario, bursátil, profesional, etc.) y contratos. Esperemos que no se convierta en una cacería de brujas que inaugure un ciclo macarthista tan propio de los gobiernos autoritarios.