En comisión

Se conoce la esencia de un pueblo por el vínculo con su moneda. Es el apego ontológico a un símbolo patrio, pero es también un indicador del respeto por sus instituciones. El análisis es en un doble plano, anverso y reverso de la misma moneda: el gobierno y los gobernados. Unos con el uso o abuso de la política monetaria; los otros respondiendo, según sea el caso, más con el bolsillo que con el corazón.

El asunto tiene una novedosa escala mundial: la clausura de las economías por la pandemia fue posible a partir de una excepcional expansión monetaria. La ilusión duró más de la cuenta y llegó el tiempo, inevitable, de ajustar las tasas de interés. Los protagonistas son los bancos centrales y su pericia para evitar un aterrizaje abrupto y recesivo. Este es, junto con las criptomonedas, el principal desafío de sus agendas.

En nuestro país la gravedad se amplifica. Lo más preocupante es de orden institucional: enfrentamos el problema coyuntural más acuciante desde la excepción, con un directorio del Banco Central designado en comisión, sin el acuerdo del Senado. Lo que parece una formalidad, desnuda uno de los mayores males argentinos: el desuetudo de la ley, esa tendencia endémica a entenderla como una formalidad, que a fuerza de inobservancias deviene un gran colador que todo lo permite.

El problema está entonces en la causa, en el origen. No se trata de la ya perenne idea de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, de restringir o ampliar hasta el absurdo su misión, o de elevar las condiciones técnicas para acceder a su directorio. Bastaría con empezar cumpliendo la ley. Es inexplicable que, con mayorías oficialistas holgadas, el pliego de las personas propuestas por el Poder Ejecutivo para ocuparlo, esté durmiendo el sueño de los justos en el cajón de alguna comisión.

Es esto lo que se quiere evitar, seguramente por algún recuerdo amargo, en el que la independencia jugó una mala pasada al capricho. Por esa nimiedad tenemos un directorio con fecha de vencimiento sujeta al humor político de turno. Y así estamos, no sabemos quiénes son ni que piensan. Alberdi decía que un buen hábito político vale más que cien leyes bien escritas. La oposición debería impulsar el cumplimiento de esta ley: institucionalidad, más que la picardía cortoplacista de quién ocupará el cargo cuando cambie el gobierno.