En NY y Argentina, nada nuevo bajo el sol

Raymond Aron sostenía que la política es el eje fundamental de transformación de una sociedad. Seguía una línea clásica, desde los griegos hasta Montesquieu, que le da primacía por sobre la economía y el derecho, a los que considera importantes pero instrumentales.

Lo que parece una verdad de Perogrullo, toma toda su relevancia cuando se analizan actos de gobierno que la invierten, poniendo el carro de la economía o una ley por delante de los caballos de la política.

Para entender mejor el punto, vale la pena empezar con un ejemplo extranjero que tiene mucho que ver con nosotros. La legislatura del Estado de New York (Estados Unidos) está considerando aprobar una ley con un impacto mayúsculo en el mercado de deuda soberana, concentrada en ese centro financiero.

Los considerandos del proyecto son en extremo loables: desde reducir costos de los inversores hasta los derechos humanos de los habitantes de los países deudores. Otra es la historia cuando se va al objeto de la norma. En un mercado que históricamente dio primacía al contrato, se auspicia una transformación radical, imponiendo un mecanismo de resolución de disputas ante las dificultades financieras de un deudor soberano, sea un país o una provincia. Básicamente se regla un procedimiento con intervención judicial, entre un concurso preventivo y un cramdown, que tiene primacía sobre cualquier contrato.

Desde los préstamos de Rivadavia hasta hoy, nuestro país ha sido un cliente dilecto de ese mercado, con ingentes beneficios para inversores, bancos de inversión y abogados, beneficiados ante cada reestructuración de deuda soberana. Es un esquema que se repite, con jugosas comisiones en cada evento. El proyecto de ley pretende ser un golpe a ese esquema tan criticable, con efectos directo en las deudas provinciales, la mayoría con vencimientos desde Mayo de este año por sumas considerables. Muchos hasta consideraron extender defensas al juicio del fondo Burford contra la República por la estatización de YPF.

Como siempre, hay otra cara de la moneda. El mercado de deuda soberana sufrió un tembladeral con la sola noticia y la razón es la seguridad jurídica: una ley que se aplica retroactivamente y atenta contra una fibra central, como es la palabra empeñada en un contrato. Algo que la jurisprudencia de ese Estado viene sosteniendo desde siempre, borrado de un plumazo por algo que ni siquiera es ley, pero con potencia suficiente para hacer daño.

Volvamos a Argentina. Tres meses es el típico plazo de “luna de miel” de un gobierno. Es por eso que la recomendación (desde Maquiavelo) es hacer todo lo difícil en ese tiempo, lo más que se pueda. Mientras la luna de miel naturalmente se escurre entre las manos, uno mira los dos vectores legislativos del programa de acción del gobierno (ley “ómnibus” y “mega DNU”) y cae en la cuenta del error: la economía por sobre el derecho y ambos, a su vez, por sobre la política. Dos carros delante del caballo. Si le sumamos su contenido asistemático, sin jerarquía temática, sin un plan, sin señuelos para negociar, pues todo es aún más preocupante.

Nihil nuovo sub sole (no hay nada nuevo bajo el sol). Más que inventar la rueda, sería bueno ponerla a rodar.