Fallando a tiempo

La Corte Suprema de Justicia ocupa un lugar paradojal dentro del delicado equilibrio que forman los tres poderes del Estado: a diferencia del Ejecutivo y el legislativo, no es un poder político; pero su acción principal, que se expresa con sus sentencias, tiene consecuencias que afectan la vida pública de país de un modo más intenso y duradero que cualquier decreto o ley.

Su actuación está enmarcada por dos principios ordenadores: non liquet, axioma que significa que un juez nunca puede abstenerse; no puede callar, siempre tiene que pronunciarse (justicia significa eso, ius dicere, decir derecho); y tal vez el más importante: justice delayed is justice denied, que obliga a los jueces a sentenciar a tiempo, porque la justicia tardía es lo mismo que no hacer justicia, o peor.

Este segundo principio es el de mayor centralidad en la época contemporánea, de tiempos perentorios que ponen en cuestión la eficacia del sistema democrático. El reclamo general es la demora y la falta de respuestas. La justicia no es ajena a esa crisis; mas, está en el centro de la escena, siendo una de las mayores críticas que se le formulan su tiempo elástico, que muchas veces no se condice con la urgencia de los asuntos que debe resolver. Esta circunstancia aumenta la paradoja en la que actúa: mientras la sociedad exige a los gobernantes soluciones rápidas a problemas cada vez más complejos, la justicia enfrenta el dilema entre la pausa que exige ponderar bien sus decisiones para evitar injusticias y no demorar más de la cuenta.

La decisión que debe tomar la Corte Suprema por la condena contra una ex presidente de la Nación pone en evidencia como nunca ese desafío de hoy y de siempre. Sea que demore o apronte los tiempos, y cualquiera sea el contenido de la sentencia, su decisión acarreará consecuencias que van a tener efectos de altísimo impacto en la coyuntura y el futuro político del país. Nadie puede ser tan ingenuo de pensar que estas consideraciones no tienen un peso más significativo que la letra fría de la ley. Bastan como referencia dos antecedentes recientes en Brasil y en Francia, con decisiones puntuales que reconfiguraron el ajedrez político de esos países.

La mejor manera de salir de un entuerto es volver a los principios para enmarcarlo adecuadamente, por aquello de que un problema bien planteado es un problema resuelto. La Corte debe decidir, no puede no hacerlo: non liquet. Y debe hacerlo a tiempo, porque justicia demorada no es justicia, es injusticia.

La forma de hacer política que tiene es aplicando la ley, hablando con sus sentencias y oportunamente. No debe medir su acción en términos de costos ni conveniencias, sino pensando especialmente su rol institucional: no hay otro modo de reconciliar la justicia con la sociedad que resolviendo y a tiempo. Esto debe valer para dentro del sistema judicial, a todas las instancias inferiores. Y para fuera, porque es el mejor aporte que se puede hacer a un país tan necesitado de seguridad jurídica.

9 de junio de 2025

9 de junio de 2025