IGJ exit o el éxodo societario

A pesar de las afirmaciones presidenciales en contrario, el gobierno nacional tiene un plan. Se trata de la vieja agenda interrumpida en 2015, que tiene como idea central un Estado con una presencia preponderante en todos los ámbitos, y como objetivo subvertir los ejes gravitacionales sobre los que se apoya la sociedad argentina.

Eso explica la distopía con la que trata la realidad. En medio de una de las crisis económicas más profundas de las que se tenga memoria, provocada por una cuarentena interminable y sin destino, los temas del gobierno están divorciados de las preocupaciones de la gente.

Cómo dar cuenta sino de una inoportuna reforma judicial que se centra en lo penal federal y desatiende el exponencial incremento de los delitos comunes. Ignora también fueros como el comercial, que es donde se van a resolver los miles de concursos preventivos de sociedades comerciales estranguladas. O el corsi et ricorsi sobre Vicentín, que de una bravata jurídicamente mal estructurada terminó en la nada. O la reestructuración de la deuda soberana, que luego de un eterno semestre de “últimas” ofertas, de entregar más de 16.000 millones de dólares y ceder a todas las exigencias legales de los acreedores, se intenta presentar como un éxito.

Esa agenda ucrónica y arcaizante, se extiende a las terceras y cuartas líneas del gobierno. El caso más emblemático es el del único registro de sociedades controlado por el gobierno nacional.

El Inspector General de Justicia adoptó como prioridad de gestión imponer severas restricciones y nuevos costos a las miles de sociedades privadas allí inscriptas. Sus decisiones están destruyendo el corazón corporativo del país, justo cuando más se necesita reactivarlo.

Al compás de una economía que se hunde, derogó resoluciones que permitían constituir sociedades en un día; ordenó la inscripción de contratos de fideicomiso para ejercer un control de legalidad de fondo sobre ellos; exigió que los directorios de algunas personas jurídicas tengan la misma cantidad de miembros femeninos y masculinos bajo amenazas de sanciones por discriminación; se excedió en su competencia reglamentando el Código Civil y Comercial de la Nación para que los Clubes de Campo se reconviertan perentoriamente bajo formas no societarias; e introdujo fuertes restricciones para inhibir la constitución de Sociedades Anónimas Simplificadas en el ámbito porteño.

Más absurdo que su contenido es el contexto en el que estas medidas han sido dictadas: cuando el mundo ayuda activamente al sector privado a recuperarse (pensándolo como protagonista de la recuperación económica), en la Capital argentina se le imponen nóveles cargas y exigencias inoportunas. Alicia en el país de las maravillas; todo al revés.

El resultado es previsible: se desata una fuerza centrífuga que alienta el éxodo generalizado de sociedades hacia jurisdicciones con regulaciones amigables. Estadistas extranjeros ya tomaron nota y comenzaron a modificar su estructura normativa para recibir a los capitales argentinos en estampida.

La gran oportunidad es de las provincias. Con buenos marcos regulatorios, una autoridad societaria equilibrada y políticas de fomento apropiadas, pueden convertirse en hubs o polos magnéticos que atraigan la migración de empresas. Lo que algunos funcionarios nacionales no han dimensionado es que la plataforma tecnológica del siglo XXI achicó las distancias y anima un nuevo federalismo que sortea la cabeza de Goliat (Buenos Aires) y le da una oportunidad de desarrollo al cuerpo de David (el interior). La historia tiene revanchas inesperadas.

Los gobiernos provinciales tienen el desafío de convertir su jurisdicción en un centro de negocios. Una alternativa para lograrlo es abandonar la coerción como método y reemplazarla por medidas facultativas (soft law) que generen incentivos de cambio positivo en la cultura corporativa. Crear políticas basadas en costos y beneficios, nudges o estímulos que logren beneficios para sus jurisdicciones y, al mismo tiempo, preservar la libertad de empresa.

Los empresarios deberán definir con mucho tino el domicilio de sus sociedades, trasladándolo a aquellas jurisdicciones más atractivas cuando sea menester: es más inteligente un cambio formal que enfrentar molinos de vientos retardatarios. Un Estado es una creación de derecho y sus regulaciones son consustanciales al potencial de crecimiento de la sociedad. Es el tiempo de la desconcentración societaria; es el turno de las provincias y de un nuevo federalismo.