Moratorias: una maniobra de aproximación indirecta del Estado a las empresas

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para ampliar la moratoria impositiva vigente desde Diciembre.

Es una herramienta sin dudas necesaria y de extrema importancia ante una economía en caída libre. Sin embargo, el proyecto tiene tres problemas mayúsculos.

Primero, es un remedio aislado e inconexo: debería haber sido parte de un esquema amplio y sincronizado, que comprendiese otras facilidades. Un “hospital de empresas”, en definitiva, que asegurase la supervivencia del sector privado ante el drama de la pandemia, y con ello, la del empleo y el proceso de recuperación futura. A diferencia del mundo, la atención en la salud nos sigue impidiendo ver el bosque de la economía.

El segundo y el tercer problema se evidencian mirando los detalles. Dicen que es ahí donde el diablo mete la cola, y este proyecto parece ser la muestra cabal del dicho popular.

Las condicionalidades a las que se somete a las empresas que eventualmente acepten sus términos es de tal magnitud, que se podría decir que quedarían atadas de pies y manos a la discrecionalidad del Estado.

Son todas restricciones que obedecen a una idea que va tomando fuerza y perfeccionándose: se trata de consumar la estrategia de la “aproximación indirecta” de Lidel Hall, tan útil cuando falla el enfrentamiento. Si la expropiación de empresas (Vicentin) muestra resistencias sociales y políticas, qué mejor que hacerse del control indirecto a través de especiales condiciones ante la emergencia generalizada.

Eso es lo que instaura el proyecto, que acentúa una línea de disposiciones precedentes que ya dejaban entrever una presencia cada vez más intensa del Estado en la economía. El “step in” se va perfeccionando de la mano del poder regulatorio que toma potencia ante una crisis cada vez más aguda, resultado de una cuarentena insoportablemente larga.

Así, para obtener y mantener planes de facilidades de pago se prevén prohibiciones de distribuir dividendos, restricciones intemporales de acceso al mercado de cambios y limitaciones para vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Condiciones como estas llevaron al sector empresario a renunciar a los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción. La renuncia a una moratoria parece ya no ser una opción frente a la grave crisis.

La tercera cuestión es aún más preocupante. Por definición, una ley debe ser general y obligatoria. Esas son las condiciones que igualan y, por tanto, aseguran su equidad y cumplimiento. Cuando prima la excepción, todo se subvierte. Lamentablmente es lo que está pasando con muchos de los remedios que se están proponiendo para paliar los efectos del Covid (y aún antes): buenas ideas tergiversadas, mal aplicadas o con formato de caballo de Troya que esconde fines espúreos. Este último es el caso del proyecto.

Se incorporan en la moratoria obligaciones vencidas por Impuestos a los Combustibles y a las Apuestas, que antes estaban excluidos por una razón tan sencilla como contundente: quienes deben ingresarlos son meros agentes de percepción del tributo, que debían recaudar los montos de quienes generaron el hecho imponible (e.g. consumidores de combustible, apostadores) e ingresarlos a la AFIP, o incurrir en el delito de “apropiación indebida”.

Se disfraza así la finalidad legítima de dar apoyo a los contribuyentes para beneficiar a quienes se apropiaron de fondos que ya pertenecían al Fisco, otorgando facilidades de pago y suspendiendo acciones penales.

Lo mismo sucede al posibilitar que empresas quebradas sin continuidad negocial soliciten un plan de facilidades de pagos para concluir la quiebra: se condonan deudas a sujetos que están en liquidación. Un absurdo legal, por lo demás, que desconoce (una vez más, recordar Vicentín) el orden público de la ley de concursos y quiebras, y la distinción entre sus dos principales institutos: el concurso, que propende a la continuidad de la empresa, y la quiebra, que tiene por fin liquidarla.

Una medida urgente y necesaria, llega aislada, tergiversada y con unas sorpresas para beneficiar a algunos pícaros. La necesidad tiene cara de hereje para la mayoría; para otros, tiene cara de oportunidad y de ventaja. Una pena.