Ni hard ni soft: default

Cuesta calibrar los efectos del noveno default de nuestra historia. Hay obviedades, casi perogrullescas, que saltan a la vista.

Lo más difícil de entender es el amateurismo con que se manejó la ahora fallida negociación. La oferta nació con dos vicios de origen. Su estructura jurídica era correcta para un experimento académico (de allí el apoyo de tantos profesores), pero sentaba precedentes tan negativos en el mercado de deuda soberana, que la llenaban de reparos: era claro que manipular las cláusulas de acciones colectivas, al punto de convertirlas en una herramienta para el abuso por parte del emisor de deuda para la conformación de las mayorías, dejaba entrever un destino poco promisorio. Especialmente tomando en cuenta que el de nuestro país era el primero de una larga lista de mercados emergentes que negociarán sus deudas soberanas.

Su estructura financiera también era desacertada. Especialmente por la falta de timing: se eligió el peor momento para hacerla, cuando hubo tiempo desde el principio de la gestión del gobierno; se suponía que era un tema prioritario. Se quiso aprovechar el COVID 19, sumado a un confuso (nunca fue del board) apoyo de alguna línea técnica del Fondo Monetario Internacional, para delinear términos unilaterales y agresivos. Se pensó que se trataba simplemente de imponer, sin negociar. Luego se concedió; se concedió de más (miles de millones de dólares cada vez, como si sobraran) para volver finalmente al primer casillero.

Todo termina como era previsible: un nuevo default, incomprensible; edulcorado al principio con eufemismos (soft default…), y ahora contundente y prístino. Sin aplausos candorosos en el Congreso, como la última vez, pero con un lenguaje confuso que no deja en claro nada, reparte culpas y extiende una vez más los plazos. Como si el tiempo fuera eterno y no lineal; aion y no cronos. Lamentablemente para un gobierno (y para una Nación) en las crisis no hay tiempos, hay instantes; y sólo buenas o malas decisiones.

El default es sin ninguna duda una mala decisión para el país. En el corto y en el largo tiempo histórico. Todo se puede evitar, menos las consecuencias. Todavía sigue la Argentina lidiando (y perdiendo) juicios en New York de bonistas por el default anterior. Se suma al largo listado de yerros que parecen artilugios inteligentes al principio: bonos atados al cupón PBI; la estatización de YPF; juicios en el CIADI, que incluye la estatización de Aerolíneas Argentinas, y un largo etcétera. Todo parte del mismo enredo, del mismo laberinto del que parece nos empeñamos en no salir nunca. Los errores los pagamos todos los argentinos, más tarde o más temprano.

Y las empresas argentinas en el medio. Ahora entre estatizaciones y falta absoluta de acceso al crédito. Ni de organismos multilaterales de crédito ni agencias gubernamentales; todas exigen good standing como condición. El default del Estado viola ese principio ineluctable. No se trata de patriadas, por más que las efemérides recuerden al General Güemes (por lo demás, el general gaucho era lo suficientemente inteligente para saber cómo jugar las patriadas). Se trata de actos de Estado responsables, que con visión de estadista evitan males mayores para un país exhausto.

Un Estado nuevamente en estado de incumplimiento; el sector privado asfixiado entre prohibiciones y obligaciones draconianas. Es imperioso volver al cauce.