Otra vez YPF

La improvisada expropiación de YPF sigue deparando sorpresas. Luego de lograr una brutal condena por 16 mil millones de dólares contra el país, los fondos reclamantes intentan, por una tangente procesal, comprometer en el juicio al Banco Central y volver a enredar a la propia YPF, exonerada de responsabilidad en la decisión de primera instancia.

El argumento es que son alter ego del Estado argentino; en otras palabras, ni distintos ni autónomos, sino meros instrumentos para sus designios. El objetivo es simple: YPF es la empresa petrolera argentina más importante, con proyección enorme en Vaca Muerta, y los demandantes ambicionan sus acciones y sus ingresos. En el caso del BCRA, la pretensión es más sutil: entorpecer cualquier reestructuración de deuda soberana futura, con la esperanza adicional de hacerse de algunos activos como las reservas.

Lo que se discute ante la Jueza Preska en los tribunales de Nueva York parece un acto nimio, pero trasunta consecuencias graves, que exceden los límites del juicio y amenazan con meter la cola en la política nacional. Puntualmente se trata de que funcionarios (y otros que, sin serlo, ocupan un rol preponderante en el Gobierno actual) pongan a disposición correos electrónicos y mensajes enviados y recibidos por las plataformas más relevantes. El propósito formal es probar que YPF y el BCRA están sujetos a órdenes políticas del gobierno. Todo, en el marco de lo que en el derecho procesal norteamericano se conoce como discovery, dispositivo probatorio de enorme alcance, porque la carga de proveer información es amplia e intensa, y la responsabilidad de hacerlo es de todas las partes y no sólo de quien invoca un hecho.

Por el tenor de los funcionarios que se obligaría a dar información, podrían salir a la luz cuestiones gravitantes de la política nacional, que excedan lo que importa para este juicio. Con todo lo que significa en términos de intromisión, no deja de ser alentador para la transparencia: sirve de ejemplo un reciente reclamo de un fondo buitre contra la provincia de Buenos Aires, valiéndose de información sensible conseguida en otro proceso de discovery, que amenazó con exponer cuestiones non sanctas.

Hay otro rasgo de importancia: el giro jurisprudencial en este juzgado en los últimos años, a instancias del incumplimiento contumaz en tiempos de los sucesivos gobiernos kirchneristas. Es así como se llegó a una erosión progresiva de la noción de inmunidad soberana por distintas vías, como la interpretación elástica de lo que se conoce como la cláusula pari passu, por la que se obligó a Argentina a pagar a los acreedores defaulteados junto con cada pago ordinario de nuestra deuda externa. Una forma oblicua de obligarnos a cumplir, con consecuencias muy gravosas para el país. Las últimas decisiones siguen esa línea: basta recordar las garantías que exigió para apelar la reciente sentencia millonaria (como las acciones de YPF). Ahora se suma esta decisión, que anuncia problemas de toda índole.