Querulancia

Hay dos formas de enfrentar los problemas en política: o se resuelven o se ponen a dormir el sueño de los justos en un cajón. Lo que no se puede hacer es dejarlos en el limbo de la indefinición, porque al único que perjudican es al irresoluto, más temprano que tarde.

Desde el 2002 la gubernamentalidad argentina está signada por ese error de enfoque. Postergar los problemas, parece ser la política, e ir viendo al ritmo de la improvisación. Más cerca de la barbarie que de la civilización. Así, congelamos tarifas de todos los servicios públicos, por años; estatizamos empresas sin pagar indemnización, también por años; manipulamos los índices (brújula básica para cualquier economía) por más años; y defaulteamos una y otra vez nuestra deuda. La liste sigue y es larga. El problema, el gran problema, es que la improvisación se paga, y se paga cara.

El ratio actionis se repite. A las negociaciones infructuosas, plenas de picardías que retardan mientras se exige que se sigan prestando los servicios o tomando referencias tergiversadas, le sigue un juicio. Y como lo más común es que se haya resignado la jurisdicción al firmar el contrato, los reclamos se presentan en juzgados extranjeros, particularmente dos: el fuero arbitral del Banco Mundial (en la jerga se conoce como ICSID o CIADI) o en los tribunales de Manhattan, Nueva York, siempre en el mismo juzgado por aquello del fuero de atracción, el que fuera de Griesa y heredara la jueza Preska.

Y allí empieza un vector de querulancia, que tanto parece gustar a algunos gobiernos argentinos. Manía (del griego, locura) pleitista, de usar los juicios como atajos para postergar las consecuencias de las decisiones ad infinitum. Gastos de abogados e intereses que se acumulan, mientras juicios contra el país se venden y pasan de manos en un mercado dominado por fondos (buitres) que tienen paciencia y saben, que en algún momento van a cobrar más de lo invertido. Costos y más costos de contingencias que van tomando cuerpo de pasivo cada vez más grande. Y todo termina con un arreglo millonario, siempre muy mayor al esperado: Club de París, YPF, reestructuración de deuda pública (la última es la de la Provincia de Buenos Aires). Total, que lo pague otro, más adelante, que se llama el colectivo de todos los argentinos.

El último de una larga zaga es el juicio que inició en Nueva York un fondo llamado Titan, que le compró el juicio a otro fondo Burford, que a su vez se lo compró a una sociedad española llamada Air Comet (sí, como suena) el reclamo contra el país por la estatización de Aerolíneas Argentinas (sí, aquella privatizada, luego estatizada, y luego subvencionada con fondos millonarios a pesar de su déficit cada vez mayor). Siguió la línea conocida: congelamos tarifas, estatizamos sin pagar indemnización, pretendiendo luego hacer como si nada hubiera pasado. Todo bajo un halo de patriotismo con tufillo a “Patria o Muerte” de los setenta, muy Jauretche.

Y así seguimos. Con un país sin crédito y sumido en el letargo. De oportunidades, sí, para los pícaros que no resuelven y los que saben esperar, después de comprar barato.