Sin palabra y sin moneda. ¿Y ahora?

Lo resuelto anoche por el directorio del Banco Central excede lo técnico. Es un reconocimiento formal de una economía quebrada y sin moneda, como consecuencia de una mirada exclusivamente sanitaria, que perdió de vista el contexto y así, el bienestar general de la sociedad argentina.

Más allá de los eufemismos de la norma, que pretenden crear (esconder) la realidad con palabras, hay un dato ineludible: las reservas se agotaron, en una economía paralizada y con alta inflación. A la larga negociación con los acreedores, que terminó en un generoso acuerdo que hoy está claro no tenemos cómo pagar, le falta aún el paso más importante: el acuerdo con el FMI, cuyas exigencias (un plan fiscal y de crecimiento) difícilmente se puedan evitar.

Para enfrentar el problema, se dispusieron tres medidas.

La primera es generalizar el default al sector privado, al ordenarle refinanciar el 60% de sus deudas externas por encima del millón de dólares: así de simple; ninguna podrá girar divisas para honrar sus obligaciones por encima de 40%.

Un gobierno sin palabra impone su criterio de no honrar los contratos, o hacerlo a su manera, olvidando dos principios muy básicos: la libertad de las empresas en un mundo globalizado y el mediano tiempo histórico, en el que se puede hacer de todo, menos evitar las consecuencias, especialmente en el mercado de crédito, con tasas históricamente bajas pero no para los incumplidores.

El crédito internacional del sector privado más competitivo en terapia intensiva: las empresas que lo forman, las que dan mayor empleo y dinámica a la economía, deberán renegociar sus compromisos en un lecho de Procusto impuesto por el Banco Central.

No está claro qué harán los acreedores, además de ejecutar garantías, cláusulas de acelaración y default de los créditos e iniciar arbitrajes y litigios en jurisdicción extranjera. Ni las empresas: el hecho del príncipe define la responsabilidad y la contingencia del Estado (todos los argentinos) con nuevos juicios.

El país ingresa en un nuevo sistema endogámico y autorreferencial de planeta único, como si la globalización fuera una entelequia. Adiós al crédito y a la inversión. El futuro avizora más Falabellas, nuevos Latams.

La segunda medida es crear un nuevo impuesto encubierto e ilegítimo (principio de legalidad) para desalentar la compra del “Dólar Ahorro”, que se agrega al ya existente “Impuesto País”.

Con la excusa de promover una “eficiente” asignación de divisas y “priorizar” su uso para la “recuperación del crecimiento económico y el empleo”, se impuso una percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales del 35% para la compra del “Dólar Ahorro”. Entre gallos y medianoche, se ejecutó su devaluación, llevando la cotización por encima de los $130.

¿Qué será de la clase media confinada y teletrabajadora, que contaba el paso del tiempo a partir de la renovación mensual del cupo para adquirir los exiguos 200 dólares, única forma de evitar la pérdida de valor de sus ingresos?

Habrá que cambiarle su célebre denominación a la más popular divisa; el “ahorro” difícilmente sea su destino: Netflix y Spotify serán “a cuenta” de ese estrecho margen, lo mismo que las compras por Tiendamía y Aerobox; nuevas formas del turismo virtual y pandémico.

La tercera es un torniquete mayor a la operación conocida como “contado con liquidación”, única vía de escape que tenían muchas empresas e individuos con ahorros en el exterior, para financiarse localmente al tipo de cambio real, no al virtual de la pizarra del Banco Central. La prohibición de liquidar en pesos localmente las transacciones de títulos valores concertadas en el exterior, pretende terminar con el spread entre los tipos de cambio. Los especuladores siempre encuentran la vuelta a las prohibiciones; difícilmente lo logren quienes sobrevivieron hasta acá con sus ahorros en el exterior, manteniendo estructuras y empleo.

Perdimos tiempo de oro mirando curvas y criticando modelos de manejo de la pandemia que hoy, paradójicamente funcionan. Mientras tanto, nadie se ocupó del resto, que pasó a tomar protagonismo del todo. Por impericia y negligencia, una vez más se subvierte el orden, atacando los efectos y no las causas. Y las consecuencias las paga la Argentina que trabaja e invierte.

***