Stare decisis

La seguridad jurídica no es un concepto etéreo o un instrumento de dominación. Es uno de los mayores logros de la civilización occidental. Desde que Roma plasmó por escrito la Ley de las doce tablas, el derecho es un conjunto de reglas idénticas para todos, que habilita la isonomía, aquello de que somos iguales ante la ley.

Pero no es sólo cuestión de normas. Tan o más importante es cómo se aplican. Lo que se conoce como precedente o stare decisis: ante situaciones análogas, un caso debe resolverse en armonía con las decisiones previas. Se habilita así un doble juego de consecuencias virtuosas: se establece un serio límite al abuso del poder y se proyecta previsibilidad, porque todo el mundo sabe de antemano a qué atenerse. Eso es la seguridad jurídica, el gran ordenador de la sociedad.

En Argentina muchos recurren a la trillada figura del péndulo para justificar nuestra larga decadencia. Por su centralidad, conviene detenerse en el dispositivo del stare decisis. Y más que en el plano judicial, en el administrativo, por nuestro sistema presidencialista de gobierno. La administración pública crea jurisprudencia con sus dictámenes cada día; lo hace la burocracia estatal, a través de las opiniones de sus más de siete mil abogados distribuidos por todo el Estado.

Su ausencia plantea un nudo gordiano para el sistema. Quedó en evidencia en estos últimos dos años y medio: casi la totalidad de las opiniones dictadas en el gobierno anterior, fueron revertidas; de cuajo, sin mucho fundamento, ni explicación de por qué el cambio. Tan sólo el “declárese nulo” a troche y moche.

No sólo se anulan las explicaciones, los justificativos para cambiar la jurisprudencia administrativa del Estado, algo elemental para cualquier acto jurídico. Lo que es más grave, se anulan las dos operaciones que permiten el pleno funcionamiento del stare decisis: queda abolida la estabilidad a la que debe propender el Estado y se abre la caja de Pandora para el abuso del poder, para que las opiniones se hagan a medida.

Lo peor de todo es que esta dislocación del sistema se aplica para justificar una agenda de destrucción o para la preservación de privilegios. Nada arquitectónico, de construcción. La seguridad jurídica es un corsé que sienta las bases para el futuro, pero sobre todo pone límites. Por eso es tan temida por algunos, porque sólo el poder (del precedente) controla al poder. Reestablecerla, recuperando el ritmo de la historia, es el primer gran paso del próximo gobierno.