Teletrabajo: volver del futuro

Todavía no alcanzamos a dimensionar la impericia con que se enfrentó al coronavirus. La crisis es sistémica, sobrepasó con creces el aspecto sanitario y se impuso en la economía, la sociedad y la política de todo el planeta.

Argentina no fue la excepción. Sin embargo, mientras el mundo vira hacia la normalidad, nuestro país sigue enredado en el laberinto de Creta, con pocas ideas para resolver el embrollo. En medio de la “cuarentena” más larga de la que se tenga registro, nos seguimos preparando y todavía no estamos listos.

Y en ese estado de falsa pausa, mientras la economía exacerba su depresión con los índices en derrape, no sólo no sabemos cómo salir sino que nos obstinamos en negar el futuro y perder contumazmente la mirada en el espejo retrovisor. No aprendemos de la historia, la queremos modificar; a veces con palabras, otras con hechos absurdos.

El proyecto de ley de “teletrabajo”, enviado al Congreso por el Ejecutivo y al que la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, es la muestra más cabal de la tortícolis histórica que padecemos. Hay pocas certezas luego del virus, menos aún ventajas. Entre las pocas, se destaca la consagración fáctica del trabajo virtual (teletrabajo). Algo que hace unos años era ciencia ficción y que comenzaba a insinuarse tímidamente como plausible, cobró definitivo impulso con la “cuarentena” y trajo de súbito el futuro al presente.

La relación laboral clásica quedó anacrónica. Con las nuevas tecnologías, las empresas pudieron bajar sus costos (alquileres, luz, teléfono, viajes de negocios, electricidad y un largo etcétera) y abrazar un nuevo paradigma al destemporalizarse del ritmo histórico de la fábrica y desespacializar la relación con sus stakeholders. Los trabajadores, de su lado, ganaron libertad al salir de los estrictos límites del horario presencial y el lugar de trabajo obligatorio; recuperaron el manejo del tiempo, su tiempo. El medio ambiente agradecido, con menos emisiones de miles de personas que dejaron de movilizarse inútilmente a la misma hora cada día. Ocurrió lo que se ha dado en llamar “leapfrogging”: un salto hacia el futuro evitando fases inútiles (por ejemplo, ocurrió con los mensajes de “sms” en el sistema financiero sudafricano y con los paneles solares para el suministro eléctrico en nuestra puna).

Con su mirada vetusta, atravesada por el ideario del “step in” del Estado puesto en acción desde el primer día de gestión, el gobierno impulsó un proyecto de teletrabajo fundado en un vector insólito: evitar el salto hacia el futuro, aplicándole a una realidad del siglo XXI el corsé de normas del siglo pasado, con la preocupación central y evidente de proteger los intereses corporativos de los viejos sindicatos.

De “ideas locas”: el Proyecto

El proyecto regla el teletrabajo en base a normas anacrónicas como la vieja Ley de Contrato de Trabajo (LCT) de 1976, cuando la tecnología no era parte esencial de la vida.

Es curioso: entraría a regir a los 90 días de que termine la “cuarentena”. La sola fecha propuesta en un futuro incierto sugiere la innecesaridad de regular hoy aspectos que en los hechos están funcionando de manera asombrosa. Insinúa también un apuro que responde más a intereses de ciertos sectores (i.e. sindicatos) que a la protección real de los derechos de quienes teletrabajan.

Su estructura se funda en dos concepciones trasnochadas: niega que el teletrabajo sea una nueva configuración de la relación laboral, para forzarlo dentro de los estrechos límites del anticuado contrato de trabajo. Y responde a una postura paternalista, propia de otros tiempos, que impide la transformación empresaria y del mercado de trabajo, a contramano del “mundo post-Covid”.

Muchas de sus disposiciones son patéticas (cuando no inconstitucionales). El empleado no tendrá ni flexibilidad, ni privacidad. El nuevo contrato de teletrabajo se regirá por la vieja LCT con horarios pactados e inflexibles y jornadas de trabajo controladas con un software obligatorio, que asegure un “derecho a la desconexión”. Somete a reglas de seguridad e higiene al hogar de quienes trabajan con esta modalidad; ese espacio íntimo será evaluado y juzgado por un tercero como apto o no para el trabajo; el principio de reserva (ese ámbito mínimo de libertad sagrado garantizado por la Constitución), en el olvido.

Las empresas perderán las ventajas del nuevo paradigma: deberán gastar los ahorros en nuevos costos, como convertir cada hogar en una oficina. Un absurdo: cualquier empleado podrá exigir la vuelta atrás de una posición remota a la presencial, con la sola notificación a la empresa, que deberá restituirlo, sin más. Mientras en el mundo el establecimiento empresarial se desintegra por ineficiente, en Argentina, los hombres de negocios estarán obligados a mantenerlos. Tal vez pronto se nos obligue a escuchar música en cassettes. Serán los empleados, y no los directores ni los accionistas, quienes tengan el poder de definir el espacio físico en el que se desarrolla una empresa.

Conclusión y lo que sigue: impuesto a las “grandes fortunas”