Un país antifederal donde el ejecutivo parte y reparte a (su) discreción

Para apaciguar una peligrosa crisis institucional, el Poder Ejecutivo recurrió al artilugio de costumbre: repartir lo ajeno. Siempre bajo la premisa de una solidaridad forzada, que ataca la fuente de recursos hasta agotarla, redujo sin previo aviso el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

Con mirada superficial, ignoró la fibra histórica y eminentemente constitucional que se puso en juego con la arbitrariedad del acto: el federalismo. Ese concepto pétreo (y por lo tanto intocable) de nuestra Constitución Nacional, que desde siempre está en un equilibrio inestable en nuestro país. La institución estaba ya en un grado de exasperación inédito, al punto que no llaman la atención los impulsos secesionistas de algunas provincias.

No es de extrañar que por su gravedad institucional el conflicto abandone la política y se traslade a la contienda judicial.

Como cualquier organización, la Ciudad necesita una base de previsión futura, enmarcada por el presupuesto. Es su programa de gobierno, su cálculo de gastos, de allí el nombre de la “ley de leyes”. El Decreto 735/20 acaba de dinamitarlo con la excusa de supuestas “desigualdades estructurales”.

A lo arbitrario, se suma lo inoportuno y subitáneo. Para gobernar, el futuro se inmola por el aquí y el ahora. Desprecio por las necesidades, que son incontables en la cima de la pandemia, y que están en todas partes. Muchas quedarán desatendidas; otras serán postergadas para consentir un reclamo portador de armas y no de banderas. Un aciago mensaje para la infinitud de conflictos irresueltos y para las Provincias que son excluidas inexplicablemente del reparto.

La confusión histórica es llamativa y delata un resentimiento inexplicable. La Capital Federal no es sólo de los porteños; es de todos los argentinos. Basta un rápido repaso de sus habitantes para caer en la cuenta del crisol de tonadas y costumbres. Eso es lo que la hace única, ese es su destino, signado por la responsabilidad de la capitanía.

Atender un conflicto puntual sacrificando el federalismo es torpe y regresivo. Es desconocer la profundidad de nuestro pasado y los pilares institucionales sobre los que se apoyan nuestras genuinas oportunidades de desarrollo. Se abre una caja de Pandora que involucra no sólo a la capital de los argentinos sino a todas las provincias, sometidas a necesidades y urgencias perentorias. Todo pasa a depender del antojo y el humor de la lapicera presidencial.

Ante la propuesta concreta de un federalismo de vasallaje, el camino a recorrer será la justicia. Tal vez desde una posición más firme, la conversación política se encauce. Y las provincias tendrán que reanimar su vocación de acordar una ley convenio de coparticipación federal. Es tiempo de cumplir con la manda constitucional para resucitar una autonomía rendida.

El sistema institucional argentino está en máxima tensión. Frente a un Poder Ejecutivo que exorbita, la esperanza está en los otros poderes del Estado puestos a funcionar. A fin de cuentas, de eso se trata una República: un sistema de contrapesos para evitar los abusos y las arbitrariedades.

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