Vaticinando YPF (1)

Lo más fácil es ser comentarista de los hechos. Predecir implica asumir el riesgo del imponderable y que una opinión, aunque fundada, sea aplastada por una realidad contraria en cuestión de horas. Aún así, arriesgamos nuestra mirada de lo que puede resolver la cámara de apelaciones en el juicio de YPF.

Para entender lo que está en juego, un repaso del estado del juicio: la jueza de primera instancia condenó a la Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares. El argumento es que violó los estatutos de YPF cuando expropió el 51% de las acciones. En Estados Unidos, a diferencia de nuestro país, una sentencia de primera instancia puede ser ejecutable. Este es el caso, porque Argentina no dio garantías para que la apelación tuviera efectos suspensivos. En el marco de la ejecución de la sentencia (aún apelada), ordenó al Estado argentino entregar las acciones que ostenta en YPF.

Ambas decisiones están apeladas. La Cámara decide hoy sobre si la orden de la jueza de hacer un pago parcial con acciones es correcta antes de la sentencia de segunda instancia. La semana que viene lo hace sobre la condena de fondo. Es una cronología invertida: si considera que la orden de entregar las acciones como pago parcial de la condena está bien, es una forma de adelantar la decisión final. Estamos, entonces, ante un paso procesal capital.

Y es justamente ese dato el que invita al vaticinio judicial. Hay tres puntos que sustentan una decisión de Cámara que ordene no innovar (es decir, dejar en suspenso la orden de la jueza de entregar las acciones). Primero, estamos ante una sentencia de un tribunal inferior que extralimita sus facultades. Tan simple como que ordena entregar acciones que están fuera de su jurisdicción (en Argentina) violando la ley argentina y la norteamericana: basta recordar que la ley de expropiación de YPF prohíbe ceder las acciones del Estado sin la autorización previa del Congreso. Segundo, es una sentencia que tiene el peor pecado: es de cumplimiento imposible, por lo mismo que precisa de la violación de la ley para ser ejecutada; es la peor calificación que puede tener una sentencia, quedar en expresión de deseos, y ese es el riesgo que tiene la que estamos analizando. Tercero, y tal vez lo más importante en la mirada de un juez: se puede enderezar el proceso sin ningún costo, para nadie.

A esas tres razones hay que sumarle otra política (para todos los que piensan que los jueces no la toman en cuenta al decidir…) La parte condenada es un Estado, no un particular. Y un Estado que puede ser considerado aliado en el plano geopolítico. Encauzar un proceso que tomó una forma desmesurada en su devenir es también encauzar relaciones internacionales. Porque se quiera o no, este juicio está en el plano del derecho internacional público.

Toca analizar el peor escenario para el país. El respaldo de la Cámara a lo decidido por la jueza abriría una caja de Pandora. La secuencia sería el desacato y el default, con consecuencias para Argentina, para YPF y tal vez para el sector privado en general. Surgirían muchas preguntas graves, desde qué pasa ante una sentencia posterior contraria a la jueza en la Cámara, hasta si una condena no firme de primera instancia puede ser considerada título de transferencia material de las acciones. Ni que hablar de la presión de los interesados agoreros que van a impulsar a cara descubierta un acuerdo legalmente imposible y financieramente inconveniente, aunquee digan lo contrario enfundados en falsas banderas.

Esperemos acertar, de la mano de nuestra trifecta argumental.