YPF. Colorín, colorado

Otra vez YPF. En realidad, otra vez Burford, intentando reeditar un conflicto que parecía perdido. La querulancia es una enfermedad que se expresa como una manía por pleitear, por hacer de todo un conflicto interminable. Acá no hay tal cosa; en todo caso es un negocio que se debe mantener en pie a toda costa, porque son muchos los intereses.

Petersen (de la familia Eskenazi) tenía tres caminos luego de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. Uno era la justicia argentina, argumentando la expropiación inversa y el daño por responsabilidad el Estado. El otro era valerse del estatuto de YPF y reclamar en Nueva York por incumplimiento de contrato. El último era un reclamo arbitral, bajo el tratado bilateral de inversión con España.

Renunció al primer camino y optó por el segundo. Tuvo suerte de la mano de una jueza que se terminó de cansar con la reaparición en 2019 de un gobierno con antecedentes de incumplidor serial. Con la decisión adversa de la cámara de apelaciones se dio vuelta la taba y empezaron a cerrarse los caminos. Sólo le queda la Corte Suprema de Estados Unidos, que es probable se incline por rechazar la pretensión.

El reclamo en Argentina está prescripto. Sólo le queda la vía arbitral. Vale la pena repasar un poco la historia, para aprender lecciones. Allá por la última década del siglo pasado, se firmaron decenas tratados de bilaterales de inversión. Todos esos acuerdos (con rango superior a una ley) tienen una renuncia del Estado Argentino a su soberanía: admiten que cualquier diferencia con un inversor no se dirima en la justicia argentina sino en un tribunal arbitral ad hoc, en el ámbito del Banco Mundial.

El argumento para tal renuncia fue banal y simplista: el inversor extranjero no confía en la justicia argentina, ergo, saquemos a uno de los poderes del Estado de por medio y confiemos más en un tribunal que funciona alrededor de intereses bastante opacos. Error panglosiano eso de asumir que la inversión internacional es prístina. También de sostener que un país puede ser serio sin bregar por una justicia independiente, siendo el primer paso que el Estado crea en ella. Parece que no aprendemos: hoy declamamos selectivamente y a conveniencia la soberanía: Malvinas sí, justicia no (como se vio en la prórroga de jurisdicción de la Ley de Bases).

Burford abre la puerta arbitral, de la mano de las Petersen y los que están detrás. Es obvio que necesitan mantener a flote el reclamo para aspirar a cobrar algo en algún punto. Por suerte tienen varios problemas. El primero es la prescripción: el CIADI debiera rechazar un reclamo iniciado luego de más de 14 años. También lo que se conoce como fork in the road, eso de ir probando suerte en todas las jurisdicciones posibles. Por último, lo que se llama legitimación activa, que lleva a una cuestión central: estamos ante sociedades (las Petersen) formalmente españolas; todos sabemos quiénes están detrás, que de españoles tienen poco y nada, y por tanto no tendrían derecho a reclamar bajo el tratado.

El juicio por YPF se resiste a terminar. Los senderos del caso se cierran y se bifurcan con las lecciones que nos va dejando. La más importante: si no nos respetamos nosotros, difícil que nos respeten los de afuera. La tarea más ardua para un país que quiera tener un futuro es su soberanía y su justicia. Sin esos dos pilares no hay nada.