En defensa de la competencia

El Senado dio media sanción a un proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Defensa de la Competencia. Existe una llamativa urgencia para su aprobación en Diputados, por lo que sería ley más temprano que tarde.

Detrás de varios cambios de maquillaje, la propuesta esconde uno de marcada centralidad: la autoridad en la materia dejaría de ser un tribunal independiente (profesionales idóneos, propuestos por el Poder Ejecutivo con la anuencia del Senado, como se estableció en la reforma de 2018), para devenir en una designación política, a sola discreción del presidente de la Nación.

Se trata de una norma neurálgica en la arquitectura institucional de cualquier país. Tanto, que es el ámbito de discusión regulatoria tal vez más relevante en el mundo, de Oriente a Occidente: en China, fue el reciente argumento para frenar la oferta pública de acciones más grande la historia (Ant); en Estados Unidos y Europa, está dando lugar a procesos de investigación y multas millonarias a los grandes protagonistas del mundo “post pandemia” (Facebook, Amazon, Google).

Ante ese paisaje global, se alcanza a entender mejor la materialidad de lo que está en juego con el cambio normativo que se impulsa: se intenta anestesiar el control, uno de los datos republicanos centrales junto con la alternancia, que por definición debe ser idóneo e independiente del poder, para no convertirse en una mueca.

Si se presta atención, el movimiento es parte de una estrategia más amplia, que deja entrever sutiles correcciones a la versión de años anteriores: en la superficie se promueven continuas agitaciones grandilocuentes que llevan a ninguna parte, pero dominan la agenda pública; debajo, en la profundidad que importa, se implementan desplazamientos de los ejes en los que se apoya al sistema, que van dando lugar a una transformación radical.

Gobernar es un delicado equilibrio entre la estabilidad y el cambio; entre la costumbre que garantiza puntos de referencia medulares y las rupturas que imprimen movimiento al cuerpo social. En un extremo el anquilosamiento; en el otro, la revolución institucionalizada. Ni uno ni otro: el secreto es el justo medio aristotélico.

Entre ineptitudes y convencimientos jacobinos, la Argentina se va asentando en aquel segundo cuadrante, con un dato que itera como fenómeno constante: el “step in” del Estado, que va consolidando su presencia como actor estelar, y concentra su esfuerzo en la técnica de la división (“solidaridad”) y no en la de la multiplicación. Haciendo caso omiso de la “parábola de los peces y los panes”, formula así una rara tergiversación de las operaciones matemáticas: si bien ambas crean más partes, en un caso se aumenta la base y en el otro se disminuye, hasta el punto de inflexión en el que se llega al “no hay nada más que repartir”.

Desde esta perspectiva, la modificación propuesta a la Ley de Defensa de la Competencia desnuda su verdadero objetivo. No es tan sólo potenciar el control estatal ante cada fusión, compra o joint venture. Se trata de convertirla en un dispositivo de poder político para ir transformando la fisonomía de la economía, con mercados que disminuyen su tamaño y eficiencia por efectos de la división (y no la multiplicación), y consolidan la presencia dominante del Estado (así YPF, Aerolíneas Argentinas, y seguirá).

Argentina extraviada: detrás de lo que parece una gran revolución no hay más que una visión conservadora, que sólo quiere preservar y agrandar privilegios a partir de la distribución de lo ajeno. No es lo que dice la Constitución Nacional; menos el camino a la modernidad.