La ignorancia también mata

La transformación de una sociedad no ocurre a partir de un desarrollo científico; no es sólo cuestión de un acierto técnico. Para ser duradera tiene que asentarse en educación y cultura, en valores, porque a fin de cuentas de eso estamos hablando.

Desde hace un año y medio que la Argentina vive de dicotomías artificiales. Falsas pero sobre todo dañinas. Empezamos con salud versus economía, y terminamos con más de 58.000 muertos, una economía quebrada, sin crédito, con inflación y pobreza escalofriantes. De la peste al hambre, dos jinetes del apocalipsis. Rematamos ahora con una originalidad: salud versus educación, para enquistar la ignorancia, un quinto y nuevo jinete.

La Constitución Nacional es un texto que condensa sabiduría pero sobre todo los principios fundacionales sobre los que se asienta nuestro país desde su crepúsculo. Como siempre, hubo diferencias profundas; tantas, que llevaron a una larga lucha intestina que duró tres décadas. Pero al final hubo consenso, que tuvo como referencia ciertas ideas pétreas, que sugieren inmovilidad más allá de las modas para sostener un futuro en movimiento; una de las principales es la educación.

El artículo 5 resume la antinomia absurda en la que estamos inmersos (nos quieren sumergir, mejor dicho): “Cada Provincia dictará para sí una Constitución bajo un sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno Federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.”

Nuestra Carta Magna es mucho más que asunto de sofistas y abogados: es nuestra historia, el marco que define nuestro presente y futuro. El agregado que manda a una Provincia a asegurar la educación primaria en su Constitución, con el compromiso de que el gobierno nacional no interferirá en el libre ejercicio de sus instituciones, fue resultado de la insistencia de Sarmiento. La nuestra es de las pocas constituciones en el mundo que tienen una previsión semejante: es claro que se quiso marcar a fuego que la educación es un principio de consenso fundacional de nuestra Patria. La sana obsesión del sanjuanino terminó con la ley 1.420, que manda su gratuidad y obligatoriedad.

Siglos después estamos en el mundo del revés, logro extra-ordinario que resulta de razonar desde contradicciones aparentes (que es lo mismo que no entender nada o ver todo invertido): es el Gobierno nacional el que, después de un año sin clases, pretende cancelar de nuevo el derecho humano a la educación. El que debería asegurarlo, exigirlo a las Provincias, se convierte en el primer infractor, en una extraña búsqueda (insana obsesión) por cancelar el futuro argentino, violando la Constitución y la ley. Vivos pero con hambre e ignorancia, que es una forma de estar muertos.

Las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación de asegurar la educación de nuestros hijos. No sólo permitirla, asegurarla. Deben dictar cada una normas que permitan la continuidad educativa, cumpliendo la Constitución Nacional y contradiciendo a quién la viola. Y para asegurarnos que no vuelvan a pasar estas cosas, enseñarla a los niños de memoria el primer día de clase, como hacían los espartanos, para que desde la palabra llegue hasta el corazón y no la olviden nunca.