Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El cuadro de Magritte la “traición de las imágenes” es icónico por la disyunción entre la imagen y el texto: el belga pintó una pipa y debajo escribió “esto no es una pipa”. Algo de esto hay en el proyecto de “ley de la soberanía nacional” enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

No es tanto sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur. Más bien estamos ante una novedad jurídica y política de gran dimensión, en la que el gobierno pasa de la potencia al acto en el plano geopolítico, con consecuencias que habrá que entender, luego de su paso por el Congreso y su eventual aplicación.

En su estructura es poderoso. El punto de partida son dos conceptos aglutinantes: soberanía y seguridad nacional. Ambas categorías lo suficientemente indeterminadas como para permitir un amplio radio de acción, que se aleja de lo jurídico y se acerca a lo político.

Desde ese punto de partida se crea un sistema de seguridad nacional, que comprende no sólo el territorio tradicional (tierra, aire y agua) sino que se extiende al “ciberespacio y el espacio electromagnético”. El sistema se define desde lo geopolítico como la “situación de hecho por la que se contribuye, junto a los socios y aliados, a la seguridad internacional…”.

Para su regulación y aplicación se crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente y conformado por el jefe de gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia y la Legal y Técnica. Una conformación que deja ver una definición de política interna coyuntural, especialmente por los que no están.

Con un alcance temporal llamativo por aquello de la periodicidad democrática, el proyecto establece que cada cinco años el Consejo elabora una Estrategia y un Plan Nacional de Seguridad de las Infraestructuras Críticas, a las que antes define como: “estructuras físicas, redes, sistemas o partes de éstos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado…”.

Básicamente todo. Y en este punto empiezan a quedar en claro las opacidades, que son preocupantes: podría haber un amplio desplazamiento de funciones estatales a un nuevo organismo de enorme poder y alcance dentro del Estado. Como si estuviéramos en un estado de excepción, sin estarlo, por lo que la excepción se podría ampliar y convertir en regla (Agamben).

El Consejo que se propone no solo atraviesa transversalmente al Estado Nacional, sino que, además, tiene alcance federal, porque el proyecto incluye a Provincias y Municipios en su alcance y radio de acción, con obligaciones de hacer, informar y reportar.

Al entramado se le agrega un régimen sancionatorio que incluye Estados y organizaciones extranjeras, y cualquier persona humana o jurídica que actúe en su beneficio, o directa o indirectamente por su orden o bajo su control. Con sanciones que van desde multas pecuniarias hasta rescisiones contractuales, pasando por pérdidas de licencias y suspensiones administrativas, que en la práctica pueden significar el fin de su capacidad para actuar.

Remata con un régimen de medidas urgentes en el ámbito administrativo que permite actuar al Consejo de manera inmediata, con pocos pruritos, que resta ver como terminan, pero insinúan trámites express con poco resguardo constitucional (defensa en juicio y debido proceso).

Puede ser apresurado, ojalá que sí, pero la redacción del proyecto lleva a pensar en advertencias y preocupaciones para los lectores atentos de Schmitt, Foucault y Agamben. Detrás de la soberanía y la seguridad nacional podría tomar realidad desde el decisionismo como forma de gobierno, pasando por la biopolítica en toda su expresión, hasta el estado de excepción permanente.

Sin dudas merece un profundo debate en el Congreso de la Nación, con una mirada atenta que no se pierda en los grandes títulos.