¿Para qué plenos poderes?

Luego de más de un año de pandemia, hay tres planos relevantes para analizar la gestión de un gobierno, siguiendo una cadencia cronológica: desde el pasado, identificando su tesis o punto de partida para encarar el desafío; desde el presente, con información dura; y mirando el porvenir, considerando su incierto impacto en el sistema institucional del país.

Dicen que un problema bien planteado es un problema resuelto. Cuando se parte de una tesis (posición, en griego) equivocada, el destino no puede ser más que el yerro. Uno de los más viejos adagios jurídicos es salus populi suprema lex (la salud es la máxima ley del pueblo). Se lo puede interpretar literalmente, dándole a salus un sentido estricto y pobre; o hacerlo de modo extensivo como el “bienestar general”, un concurso de cosas que también abarca educación, trabajo y economía. Aún cuando así lo ordena la Constitución en su preámbulo, no fue el caso en nuestro país: sacralizamos la salud con S mayúscula, olvidando el resto.

Los números hablan; lo hacen con la objetividad que desnuda los resultados más allá de los relatos, los discursos y las excusas: 70.000 muertos y una caída de 10% del PBI en un año, tan solo un año. Puestas en perspectiva histórica, esas cifras son escalofriantes. La mayor caída contemporánea del PBI ocurrió en 2002 (14%), cuando estalló una crisis que se fue incubando por años. Ni durante los diez años más oscuros de nuestra historia contemporánea hubo tantas muertes; ahora por negligencia (¿?) en la compra de vacunas. Tristes comparaciones que evidencian que, al final, ni salud, ni economía, ni trabajo ni educación.

Ahora el plano institucional: cómo pasado y presente moldean el marco de reglas que rigen nuestra cotidianeidad, desde la educación de nuestros hijos hasta el costo de los impuestos que pagamos. Nuestro futuro. El viernes se anunció un proyecto de ley para delegar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Idea que evoca los peores recuerdos (la “ley para el remedio de las necesidades del Pueblo y del Reich”) y que toca un problema crucial de sistema democrático y político de un país: cómo se limita el ejercicio del poder público. De allí que nuestra Constitución prohíba la suma del poder público, bajo sanción de infames traidores a la patria a quién lo otorgue, en lo que fue un intento por cancelar definitivamente la experiencia de los “plenos poderes” que se le confirieron a Rosas.

Para muchos será un detalle, cosa de abogados, sin un impacto claro que justifique mayor discusión en una sociedad por demás angustiada. Bien visto, sin embargo, es un giro conceptual profundo, que intenta borrar con el codo un punto de partida errado y una gestión, cuanto menos, negligente. Un hito que acentúa un por venir decadente: lo que se pone en juego con pretensiones de esta índole es la concepción de la ley y ante todo de la libertad.

Hay dos modos de entender la historia. Una la expresa Shakespeare, cuando en boca de Macbeth nos dice “que la historia es un cuento de un loco contado para idiotas”, un lugar del que nada hay para aprender. Otra es la de Cicerón, el gran varón romano, que la entendía como “magister vitae”, maestra de la vida. Ojalá los argentinos empecemos a mirar el pasado no para profundizar odios y resentimientos sino como espacio de aprendizaje, para no repetir errores que tanto nos costaron. Porque el que no conoce la historia, la repite.